Stop Mare Mortum denunciamos que el gobierno, mediante las actuaciones del Abogado del Estado, ha pedido al Tribunal Supremo que declare la imposibilidad material y jurídica de ejecutar la sentencia condenatoria sobre el incumplimiento del programa de reubicación y aclaramos que sí hay gente susceptible de ser acogida desde Grecia i Italia.

Secretaria del Estado en Migraciones, Consuelo Rumí, i Ministra de Trabajo, Migración i Seguridad Social.

COMUNICADO

La Secretaria del Estado en Migraciones, Consuelo Rumí, en rueda de prensa ayer 17 de enero, miente en relación a la ejecución de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al Estado español por incumplimiento de los acuerdos europeos de 2015 en materia de reubicación de personas desde Grecia y Italia. El Tribunal, en una sentencia del pasado mes de julio, obliga al gobierno a acoger las 19.449 personas pactadas de las cuáles sólo alrededor de 1.300 han llegado a territorio español.

Rumí, respondiendo a una pregunta de eldiario.es, dijo: “este gobierno quiere cumplir con la sentencia pero nos tienen que decir cómo hacerlo” y añade: “el incumplimiento con la UE es del gobierno del PP y era en relación a un número de personas con petición de refugio y asilo que ahora ya no están donde estaban. Por lo tanto, seguimos a la espera de que el Tribunal nos diga de donde podemos sacar estas personas que son objeto de reubicación. No podemos hacer otra cosa”. Además, remarca que ya han comunicado a la Unión Europea que están esperando para poder cumplir.

Ante estas declaraciones, y ya que Stop Mare Mortum, con el apoyo de la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humanos, hemos sido la entidad impulsora del recurso por incumplimiento, queremos aclarar que:

  • Es vergonzoso que seis meses después de la condena escuchemos declaraciones de intenciones y no planes de ejecución.
  • El Abogado del Estado, entendemos que representante de la voluntad del gobierno, se ha opuesto sistemáticamente al cumplimiento de la reubicación, tanto en el escrito de contestación a la demanda, como en las alegaciones posteriores y en la actual fase de ejecución.
  • Contrariamente a las declaraciones de la Secretaría de Estado de Migraciones, lejos de haber pedido información al Tribunal Supremo sobre cómo implantar la ejecución, el gobierno ha pedido a los magistrados que declaren “la imposibilidad material y jurídica de ejecutar la sentencia”.
  • En todo caso, el Tribunal Supremo no es el órgano que tiene que dictaminar cómo se tiene que llevar a cabo el cumplimiento o donde se encuentran las personas susceptibles a ser reubicadas. Muy al contrario, es la parte que incumple la responsable de comunicar al Tribunal cómo se ejecutará la sentencia que la condena. Por lo tanto, en este caso, es el gobierno español de Pedro Sánchez quién habría determinado, en primer lugar, quien sería el órgano responsable y cuáles serían los mecanismos que utilizará para llevar a cabo las obligaciones que se derivan de la sentencia del pasado mes de julio.
  • En todo caso, y según las comunicaciones que el abogado del Estado ha presentado durante el procedimiento al Supremo, en ningún caso el gobierno ha pedido al Tribunal que se pronuncie sobre como trasladar las personas reubicables. Sin embargo, ha pedido explícitamente no trasladar a nadie porque alega la imposibilidad material y jurídica para hacerlo, exponiendo que no quedan personas reubicables.
  • Sí que hay personas que pueden ser reubicadas desde Grecia y Italia. En su momento, Stop Mare Mortum ya comunicamos al Tribunal que si se consideraba que no quedaban personas reubicables era porque no se les había identificado debidamente como resultado de la inacción de los estados y, por lo tanto, no podía ser justificación alguna para el incumplimiento.

Por lo tanto, desde Stop Mare Mortum consideramos que, por el contenido de las diferentes comunicaciones con el Tribunal, el Estado nunca se ha tomado en serio este procedimiento judicial. Desde el inicio, cuando el gobierno de Mariano Rajoy en numerosas ocasiones intentó que el Tribunal nos declarase no legítimos para llevar a cabo la demanda reclamando el cumplimiento de compromisos políticos que garantizaban derechos colectivos, hasta esta última comunicación – hace unos días- ya con las directrices del actual gobierno de Sánchez, donde con un tono de absoluto enfrentamiento con la entidad demandante y menospreciando el propio Tribunal, plantea “la imposibilidad material y jurídica de ejecutar la sentencia”.

La acción del Abogado del Estado en la comunicación con el Tribunal Supremo que lo condenó ha sido vaga, con respuestas poco fundamentadas, y en ningún caso apunta al cumplimiento de la sentencia. Una voluntad de incumplimiento en consonancia con las explicaciones de la misma Secretaria de Estado de Migraciones en rueda de prensa ayer. Denunciamos, pues, la hipocresía del nuevo gobierno del PSOE que al inicio de su mandato y en posteriores ocasiones ha expresado ante los medios de comunicación su voluntad de cumplir con la sentencia, a la vez que pide la nulidad de la ejecución y se niega a reunirse con nosotras para diseñar posibles vías de cumplimiento del programa de reubicación, o construir mecanismos alternativos de protección hacia las personas que se han visto afectadas por el incumplimiento de estos acuerdos.

 

RESPUESTAS DEL ABOGADO DEL ESTADO